Interpretando las huellas del cibercrimen

En el caso, la víctima denunció movimientos no autorizados desde su cuenta bancaria, ordenados desde el sitio web del banco. Puntualmente, objetó una transferencia de AR$ 3.000 a favor de una persona que desconocía por completo.

Tras la investigación, se identificó a un estudiante de la carrera de ingeniería en sistemas como el responsable de la maniobra. Según las constancias del caso, había obtenido el número de cuenta y la clave de acceso a través de la técnica denominada phishing, consistente en solicitar la información al cliente mediante un correo electrónico que simulaba una comunicación oficial del banco. 

El Tribunal Oral interviniente resolvió condenar al imputado a la pena de un año de prisión en suspenso, como autor del delito defraudación mediante técnicas de manipulación informática (Artículo 173 inciso 16 del Código Penal).

El imputado interpuso recurso de casación contra la sentencia condenatoria, argumentando que no se había logrado demostrar su participación el fraude. Entre otras consideraciones, hizo especial hincapié en el hecho que el correo electrónico mediante el cual se captó la información de la víctima había sido enviado desde una dirección IP perteneciente a la ciudad de Guadalajara, Méjico.

La Cámara de Casación confirmó la condena, al considerar que el hecho se encontraba suficientemente demostrado. Respecto del argumento del acusado, la Cámara destacó que “…cualquier persona con conocimientos de informática puede operar un "IP" situado en otro país desde la República Argentina…”. Además, la Cámara valoró especialmente que un informe producido por el servidor de la cuenta de correo electrónico del imputado indicó que la misma utilizaba frecuentemente direcciones de IP extranjeras.

El fallo es importante en el contexto de la delincuencia informática, cuyas particularidades hacen difícil la obtención de prueba directa de la autoría de los hechos.