Se aprobó la Política de Seguridad de la Información de la Superintendencia de Seguros de la Nación

La Decisión Administrativa No. 641/2021 estableció los “Requisitos Mínimos de Seguridad de la Información para los Organismos del Sector Público Nacional”, aplicables a todas las entidades y jurisdicciones comprendidas en el inciso a) del artículo 8° de la Ley No. 24.156 –es decir, la Administración Nacional, empresas y sociedades del Estado, entes públicos excluidos expresamente de la Administración Nacional y fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con fondos del Estado– y a los proveedores que contraten con esas entidades y jurisdicciones.

Las entidades alcanzadas por la Decisión Administrativa No. 641/2021 deben desarrollar una Política de Seguridad de la Información compatible con la responsabilidad primaria y las acciones de su competencia. Al respecto, la Dirección Nacional de Ciberseguridad aprobó el “Modelo Referencial de Política de Seguridad de la Información” a través de la Disposición No. 1/2022.

En este contexto, a través de la Resolución No. 31/2023, se aprobó la Política de Seguridad de la Información de la Superintendencia de Seguros de la Nación, basada en el modelo referencial de la Disposición No. 1/2022.

En particular, la Política de Seguridad de la Información contiene los objetivos generales, principios básicos y lineamientos específicos adoptados por la Superintendencia de Seguros de la Nación para preservar la seguridad de la información. Entre algunos de los lineamientos específicos se destacan:

• seguridad informática de los recursos humanos
• gestión de activos
• autenticación, autorización y control de acceso
• uso de herramientas criptográficas
• adquisición de sistemas, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información
• relación con proveedores
• gestión de incidentes de seguridad.

La Política de Seguridad de la Información será aplicable a todas aquellas personas, internas o externas, vinculadas a la Superintendencia de Seguros de la Nación a través de contratos, convenios, acuerdos u otros instrumentos válidos.