Las dificultades operativas que la crisis del COVID-19 genera para las empresas son múltiples. Desde restricciones al desplazamiento de personas y mercaderías hasta el funcionamiento reducido de numerosos entes públicos y de terceros con los cuales se realizan negocios.
En ese marco, las presiones por continuar operando pueden ser importantes, ya sea por la necesidad comercial de seguir operando o por tratarse de servicios esenciales que el Estado espera –y hasta demanda– que continúen siendo prestados.
Situaciones de emergencia y de altos grados de discrecionalidad generan un escenario complejo para las empresas. Es por ello que resulta fundamental reforzar la vigencia de las políticas internas que componen el programa de compliance, el cual debe establecer la forma en que la empresa realiza negocios y las prácticas que no acepta como válidas ni posibles. Tal vez sea el momento de revisar ciertas políticas y procedimientos para anticiparnos a esta nueva realidad.
Entre otras medidas, utilizar las herramientas tecnológicas disponibles para reforzar los entrenamientos de compliance durante la cuarentena es una medida que, sin dudas, será útil para mostrar el compromiso de una empresa a actuar de acuerdo a sus políticas y a la ley aun en las crisis más exigentes.
Actuar por fuera del programa de compliance puede implicar actuar fuera de la ley y, en consecuencia, generar responsabilidad legal para la empresa y para los individuos involucrados.
Este insight es un comentario breve sobre novedades legales en Argentina; no pretende ser un análisis exhaustivo ni brindar asesoramiento legal.