Reforma clave en el régimen antilavado y de ciberseguridad

El Poder Ejecutivo Nacional aprobó −mediante el Decreto 274/2025− una serie de modificaciones relevantes al régimen de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Las reformas se alinean con las observaciones realizadas en la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El objetivo es dotar a la Unidad de Información Financiera (UIF) de mayores facultades, reforzar su autonomía operativa y modernizar los mecanismos de supervisión y sanción.

 

Fortalecimiento institucional de la UIF

 

El Decreto reasigna competencias a la UIF, incluyendo la recepción e intercambio de información con organismos de inteligencia, información o prevención. También, habilita la coordinación de acciones conjuntas con el Ministerio Público Fiscal, la Administración Pública Nacional y el Poder Judicial. Asimismo, amplía sus facultades para el intercambio de información con otros organismos y con los sujetos obligados, bajo un enfoque basado en riesgos.

 

Nuevas herramientas de supervisión y sanción

 

El Decreto incorpora la figura de la "suspensión del sumario a prueba" para infracciones de menor riesgo, que permitirá cerrar procedimientos sancionatorios sin imposición de sanciones cuando se repare el perjuicio ocasionado al sistema. Además, se establece que las multas podrán ser reducidas por debajo de los mínimos legales cuando, a criterio de la UIF, el monto resulte desproporcionado respecto del incumplimiento, en línea con criterios de eficacia y proporcionalidad.

 

Ciberseguridad como prioridad estratégica

 

El Decreto también fortalece el marco institucional en materia de ciberseguridad mediante el fortalecimiento de la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC), a la que se asigna el carácter de órgano rector en la materia. Se le otorgan competencias amplias en protección de infraestructuras críticas, desarrollo de tecnologías de defensa informática y coordinación con el Comité de Ciberseguridad −cuya integración fue modificada−.

 

Fin de la facultad de querellar

 

Finalmente, se deroga el Decreto 2226/08. De este modo, se elimina la facultad de la UIF para actuar como parte querellante en procesos penales, reduciendo así la superposición con las competencias del Ministerio Público Fiscal.