¿Qué comprende el beneficio de justicia gratuita?

El 28 de marzo de 2025, en el caso “Olivera, Fernanda Raquel y Otros c/ Ciudad de la Pizza SRL s/ Daños y Perjuicios” la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil se reunió en pleno a los efectos de resolver si el beneficio de justicia gratuita (artículo 53 de la Ley 24240) comprende −además de la exención del pago de la tasa de justicia, gastos y gravámenes relacionados con la promoción de la demanda− el pago de las costas del proceso (si la parte fuera condenada a satisfacerlas y no prospera el incidente para acreditar su solvencia que pudiera iniciar el demandado).
 

La Camara reconoció que la cuestión es controvertida y encuentra opiniones divididas. En particular, destacó que parte de la doctrina y la jurisprudencia sostiene que el beneficio de justicia gratuita solo abarca la eximición del pago de la tasa de justicia en tanto:

1. el beneficio de justicia gratuita no equivale al beneficio de litigar sin gastos, dado que este último instituto es más amplio y debe tramitarse por separado;
2. las costas del proceso no son de cargo estatal y constituyen una retribución alimentaria por la labor profesional (por eso, se sostiene que la interpretación amplia del beneficio de justicia gratuita podría afectar el derecho de propiedad de abogados, peritos y demás auxiliares judiciales, al privarlos de su legítima retribución);
3. existe el riesgo de un uso abusivo del beneficio, promoviendo litigios infundados que trasladan injustamente los costos al demandado.

En este marco, luego de analizar las distintas posiciones doctrinarias y jurisprudenciales existentes sobre esta materia, la Cámara resolvió que el beneficio de justicia gratuita comprende la exención del pago de la tasa de justicia, cualquier otro gravamen o gasto vinculado con el inicio de la demanda y también las costas del proceso. De todos modos, se deja a salvo el derecho de la demandada de promover un incidente tendiente a demostrar la solvencia del accionante.

Para así resolver, la Cámara Civil sostuvo, entre otros, los siguientes argumentos:

1. no debe diferenciarse entre el beneficio de litigar sin gastos y la gratuidad en materia de consumo, ya que ambos buscan proteger al litigante en situación de vulnerabilidad;
2. sería ilógico limitar la gratuidad solo al pago de la tasa de justicia, ya que esta suele ser mínima frente a otros gastos del proceso, como honorarios, pericias y costas, especialmente en reclamos de escasa cuantía propios del derecho de consumo;
3. considerando que el acceso a la justicia admite la debilidad del consumidor en el marco de la relación de consumo, la gratuidad prevista en la normativa consumeril es un instrumento clave para asegurar el acceso a la justicia, ya que los costos del proceso pueden superar el monto reclamado y afectar el principio de igualdad ante la ley.

Esta decisión se alinea con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “ADDUC y otros c/AYSA SA y otro s/proceso de conocimiento” y con la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial mediante el fallo plenario en los autos “Hambo, Débora Raquel c/CMR Falabella S.A. s/sumarísimo”. Esto se debe a la interpretación de que la voluntad legislativa ha sido eximir del pago de las costas del proceso a quienes inician una acción en los términos de la Ley 24240.