Proyecto de modificación al régimen de “Compre Nacional”

El 30 de marzo de 2011 la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación aprobó el Proyecto de Ley N° S-1425/09 (el “Proyecto”) que tiene por objeto modificar el régimen conocido como “Compre Nacional” o “Compre Trabajo Argentino” creado por la Ley N° 25.551 y reglamentado por el Decreto N° 1600/2002 e integrado también por el Decreto-Ley N° 5340/1963 y la Ley N° 18.875 y sus normas reglamentarias (el “Régimen”).

En términos generales, el Régimen establece preferencias para la adquisición de bienes de origen nacional y para la contratación de proveedores de servicios locales.

• Contenido del Proyecto.

  A continuación resumimos las modificaciones más relevantes al Régimen incluidas en el Proyecto:
  • El Proyecto amplía considerablemente el ámbito de los sujetos alcanzados por el Régimen (los “Sujetos Obligados”). Si el Proyecto se convirtiera en ley, los Sujetos Obligados serán:
    • El Sector Público Nacional, que incluye:
      • La Administración Pública centralizada y descentralizada, incluyendo a las Instituciones de Seguridad Social;
      • empresas del Estado, Sociedades del Estado, Sociedades Anónimas con Participación Estatal Mayoritaria, Sociedades de Economía Mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado Nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias;
      • eualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio, incluyendo entidades públicas no estatales, en las que el Estado Nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones; y
      • los Fondos Fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado Nacional.
    • Las personas jurídicas de derecho privado, y toda otra forma jurídica asociativa, ejecutora o concesionaria de obras públicas, así como licenciatarias, concesionarias y permisionarias de servicios públicos de jurisdicción federal.
    • Entidades a quienes el Estado Nacional hubiere otorgado licencias para la prestación de servicios de:
      • Telecomunicaciones de telefonía fija y/o móvil, banda ancha, televisión por Internet;
      • generación, transporte y/o distribución de energía eléctrica;
      • transporte de cargas; y
      • explotaciones mineras, petrolíferas o energéticas.
    • Las entidades públicas provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipales, sus entidades descentralizadas, contratistas, concesionarios, licenciatarios y permisionarios públicos o privados para la ejecución de las actividades mencionadas en (ii) y (iii), cuando utilicen fondos provenientes de Sector Público Nacional y la aplicación del Régimen fuese condición para la transferencia de esos fondos.
    • Las personas de derecho privado adjudicatarias directas de beneficios fiscales o subsidios otorgados por algún ente del Sector Público Nacional, si la aplicación del régimen fuese condición para el otorgamiento de esos beneficios.
  • Se mantiene el principio de que un bien es de origen nacional, cuando ha sido producido o extraído en la Nación Argentina, siempre que el costo de las materias primas, insumos o materiales importados nacionalizados no supere el cuarenta por ciento (40%) de su valor bruto de producción. Sin embargo, el Proyecto prevé la posibilidad de que la autoridad de aplicación del Régimen aumente o disminuya los porcentajes para la determinación del origen nacional de los bienes en un 15% (la disminución sólo será posible cuando no exista producción local de esos bienes).
  • Se incrementan las preferencias establecidas en el Régimen para la adquisición, locación o leasing de bienes de origen nacional.
  • Los Sujetos Obligados deberán contratar mediante procedimientos que aseguren la concurrencia de empresas proveedoras de bienes y servicios de origen nacional. Para la adquisición de bienes extranjeros se requerirá un certificado de la autoridad de aplicación que verifique el valor de esos bienes y el cumplimiento del Régimen.
  • Se establece un registro de consulta obligatoria para los Sujetos Obligados, que incluirá a las asociaciones, uniones y cámaras empresarias que representen a fabricantes nacionales; la consulta y contacto con los sujetos registrados deberá efectuarse antes de la elaboración de los pliegos técnicos de las contrataciones.
  • Se agravan las sanciones en caso de incumplimiento del Régimen.

• Trámite legislativo del Proyecto.

  El Proyecto de ley será enviado a la Cámara de Diputados, que podrá optar por:
  • Rechazarlo totalmente, en cuyo caso el proyecto no podrá ser debatido nuevamente durante el período legislativo en curso;
  • modificarlo, en cuyo caso será devuelto a la Cámara de Senadores; o
  • aprobarlo sin modificarlo, en cuyo caso será enviado al Poder Ejecutivo Nacional para su promulgación, salvo que sea vetado por éste.