Programas de Integridad en el sector público: nueva Guía

El lunes 22 de septiembre de 2025 la Oficina Anticorrupción (OA) aprobó, mediante la Resolución 12/2025, la Guía para la Elaboración de Programas de Integridad en el Sector Público Nacional.

La Guía fue elaborada en el marco del Observatorio de Políticas de Integridad y contó con aportes de organismos públicos con competencia en materia de integridad, transparencia y control (como la AAIP y la SIGEN) y de la sociedad civil.

Según el texto de la Guía, el documento pretende ser una hoja de ruta para la elaboración y puesta en marcha de Programas de Integridad en el ámbito de jurisdicciones, organismos y entidades que integran el sector público nacional, conforme a los riesgos, características específicas y desafíos de cada uno de ellos.

A su vez, tiene por objetivo establecer lineamientos comunes y estándares de calidad para el diseño e implementación de dichos programas, preservando la unidad de criterio, asegurando su eficacia y alineándolas con las mejores prácticas internacionales.

La Guía se divide en dos secciones principales: Aspectos Prácticos y Componentes de un Programa de Integridad.
 

La sección de Aspectos Prácticos presenta pautas para diseñar, elaborar, aprobar, implementar, monitorear y evaluar los Programas de Integridad. Entre ellas, se destacan:

• Respaldo institucional: la máxima autoridad de la jurisdicción u organismo debe apoyar el inicio del proceso de elaboración del documento mediante comunicación oficial que acompañe la difusión del Programa.
• Diagnóstico inicial: etapa esencial, que puede incluir diversos métodos:
   

1. análisis de contexto institucional;
2. análisis de situación;
3. clima de integridad y transparencia, indicadores y métricas.
    

• Identificación de riesgos: todo diseño de un Programa de Integridad debe partir de una correcta evaluación de vulnerabilidades y riesgos en materia de ética y transparencia, determinar su impacto en eficiencia, eficacia y reputación e identificar medidas de mitigación.
• Elaboración y aprobación: consolidar las propuestas en un documento que luego se someterá a la aprobación de la máxima autoridad de la jurisdicción u organismo.
• Contenido mínimo: todo Programa de Integridad debería incluir:

 

1. misiones y funciones;
2. marco normativo aplicable;
3. alcance;
4. objetivos, acciones y herramientas;
5. mecanismos de coordinación internos y externos;
6. definición de un sistema de gobernanza;
7. recursos y plazos;
8. mecanismos de monitoreo y evaluación;
1. plan de capacitación.

 

• Implementación y monitoreo: asegurar una gobernanza efectiva y un monitoreo sistemático y estructurado.
• Balance: tras un tiempo de ejecución, se deberán evaluar los resultados y el impacto, verificando el cumplimiento de objetivos y adoptando los ajustes necesarios para mejorar su eficacia y eficiencia.
   

Por su parte, la sección de Componentes de un Programa de Integridad detalla los principales componentes y herramientas clave que todo Programa de Integridad debe contemplar. Entre ellos:

• Código de Ética: a fin de facilitar los valores y principios que orientan la conducta de todos los miembros de la jurisdicción u organismo.
• Acciones vinculadas a la transparencia efectiva: garantizar el acceso a la información pública.
• Gestión de conflictos de interés: prever medidas necesarias para prevenir, detectar y –de corresponder– hacer efectiva la responsabilidad derivada de su configuración.
• Acciones para el adecuado cumplimiento del Régimen de Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales y de Actividades: incorporar mecanismos tendientes a garantizar el cumplimiento del “Régimen de Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales” y del “Sistema de Monitoreo de Actividades Privadas y Públicas Anteriores y Posteriores al Ejercicio de la Función Pública”.
• Acciones para el adecuado cumplimiento del Régimen de obsequios a funcionarios públicos y de viajes financiados por terceros: incorporar mecanismos tendientes a garantizar el cumplimiento del “Régimen de Obsequios a Funcionarios Públicos” y de “Viajes Financiados por Terceros” (Ley 25.188 y Decreto 1179/2016).
• Registro de audiencias de gestión de intereses con funcionarios públicos: incorporar mecanismos tendientes a asegurar el cumplimiento del “Régimen de Publicidad de Gestión de Intereses”.
• Integridad en contrataciones públicas: incorporar mecanismos tendientes a promover la ética y la transparencia de las contrataciones públicas.
• Participación ciudadana e institucional: prever mecanismos tendientes a promover la participación ciudadana.
• Mejora de procesos administrativos: contemplar la colaboración de los responsables y/o áreas de integridad con los equipos de trabajo encargados de la mejora de los procesos de la jurisdicción u organismo.
• Promoción de una cultura de integridad: lograr que los funcionarios asuman como propios los valores éticos y se comprometan con su cumplimiento.
• Gestión de consultas: establecer un canal de consultas, asistencia y asesoría.
• Gestión de denuncias: establecer un canal de denuncias y/o proveer apoyo para la presentación de denuncias ante las áreas de la jurisdicción u organismo competentes (sumarios) o bien ante la justicia o los organismos de control.
• Realización periódica de análisis riesgos: analizar la existencia de nuevas amenazas y vulnerabilidades.
• Asignar a un área o persona especifica dentro de la jurisdicción u organismo, las responsabilidades vinculadas a las políticas de integridad y transparencia.

Asimismo, la Guía incorpora indicadores y ejemplos prácticos, un glosario de términos y un apéndice normativo y bibliográfico que contribuye a su adecuada implementación.

Por otra parte, si bien este documento fue diseñado para su aplicación en el ámbito del sector público nacional, la OA también promoverá su adopción a nivel provincial y municipal.

La iniciativa representa un avance más hacia la consolidación de un sistema integral de integridad pública, orientado a fortalecer la transparencia, prevenir la corrupción y promover una administración pública más ética, transparente y orientada al servicio de la ciudadanía.