Productos o servicios tecnológicos: nuevos estándares tecnológicos para el Sector Público Nacional

El pasado 5 de octubre se publicó en el Boletín Oficial la Disposición 1/2023 de la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI), que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros. La Disposición actualiza los Estándares Tecnológicos para la Administración Pública Nacional (ETAP) y aprueba la versión 26, dejando sin efecto las Disposiciones 2 y 3 de 2021, que habían aprobado una versión anterior de los ETAP. La ONTI tiene como objetivo principal crear políticas para transformar y modernizar el Estado. Así, a través de los ETAP, busca establecer un marco que promueva la calidad y eficiencia en la provisión de servicios de tecnología de la información y la comunicación (TIC).

Los ETAP sirven como guía para que sea más sencillo para el sector público nacional elaborar pliegos de contratación de productos o servicios tecnológicos. Esto incluye a la administración central y a los organismos descentralizados; a las empresas y sociedades del estado; a los entes públicos —que abarcan a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio donde el estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones— y a los fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes o fondos del estado nacional, entre otros,

En particular, los ETAP aportan pautas y criterios mínimos que el sector público nacional puede evaluar para el diseño de proyectos tecnológicos, abarcando las etapas de relevamiento y dimensionamiento de necesidades, la elaboración de las especificaciones técnicas de cada contratación y la adopción de tecnologías. Los ETAP buscan fomentar requerimientos abiertos que respeten los principios de promoción de la concurrencia de interesados y la competencia entre oferentes, evitando la dependencia tecnológica de alguno de ellos.

Los lineamientos de los ETAP incluyen un conjunto de recomendaciones y criterios que deben tenerse en cuenta para elaborar el requerimiento técnico de una tecnología específica. Por ejemplo, en el caso de servicios de transmisión de datos a través de una red de telecomunicaciones, hay que tener la capacidad de encriptar y desencriptar el tráfico para asegurar la privacidad y seguridad de la información. Por otro lado, en el desarrollo de software, se sugiere incorporar medidas de seguridad en todas las etapas del proceso, incluyendo reducir al mínimo los datos almacenados en sistemas informáticos y justificar explícitamente la necesidad de almacenarlos. Asimismo, en cuanto al desarrollo de software, los organismos estatales deben verificar que el servicio ofrezca funciones para consultar registros y gestionar logs, así como herramientas para rastrear las acciones e incidentes que hayan ocurrido en la infraestructura o plataforma contratada.

Según los considerandos de la Disposición, su objetivo es actualizar los anteriores estándares que, debido a la velocidad de la innovación en las TIC, deben revisarse periódicamente para garantizar que reflejen los últimos adelantos en la materia. También busca dar recomendaciones generales para desarrollar software en el sector público y dimensionar el almacenamiento de información en cinta mediante carga robótica automatizada.

La Disposición entró en vigencia el día después de su publicación. A partir de entonces, los organismos del sector público nacional deberán considerar los ETAP Versión 26 en las especificaciones técnicas de todos los proyectos de desarrollo, innovación, implementación, compatibilización e integración de las TIC.