Nuevo protocolo de ciberpatrullaje

La Resolución 144/2020, publicada recientemente en el Boletín Oficial, aprueba el Protocolo general para la prevención policial del delito con uso de fuentes digitales abiertas. A su vez, deroga la anterior normativa que regía parcialmente la actividad, la Resolución 31/2018, que autorizaba las áreas de investigación de ciberdelitos de las fuerzas policiales y de seguridad “…a tomar intervención, específicamente, en todo lo inherente a (…) la venta o permuta ilegal de armas por Internet; y a la venta o permuta de artículos cuyo origen, presumiblemente, provenga de la comisión de un acto o de un hecho ilícito”.

El protocolo tiene por finalidad establecer principios, criterios y directrices generales para el desenvolvimiento de las tareas de prevención del delito que desarrollan en el espacio cibernético los cuerpos policiales y Fuerzas de Seguridad, las cuales podrán llevarse a cabo únicamente mediante el uso de fuentes digitales abiertas. Este tendrá vigencia durante el plazo de la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27541. Es decir, se perseguirá el desarrollo de la criminalidad vinculada a la comercialización, distribución y transporte de medicamentos apócrifos y de insumos sanitarios críticos, o la venta de presuntos medicamentos comercializados bajo nomenclaturas y referencias a la COVID-19 sin aprobación ni certificación de la autoridad competente. A ello se le suman los ataques informáticos a infraestructura crítica —especialmente a hospitales y a centros de salud—, y delitos relativos a los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal.

Para que los hechos identificados mediante el ciberpatrullaje sean definidos como judicializables deben comportar un daño efectivo o el riesgo actual, real y efectivo de su producción. Solo se considerarán presuntamente delictivas aquellas conductas a cuyo respecto pueda evaluarse que están dirigidas a incitar o producir una inminente acción delictiva.