Ley de Delitos Informáticos
El 4 de junio pasado el Congreso Nacional aprobó el Proyecto de Ley sobre Delitos Informáticos, que reforma al Código Penal. El Poder Ejecutivo es quien debe ahora promulgar la Ley y ordenar su publicación en el Boletín Oficial. Se espera que el Poder Ejecutivo no ejerza su poder de veto, en tanto la votación de los miembros del Congreso fue unánime.
Los fundamentos de la nueva Ley señalan que “el avance y universalidad del uso de las nuevas formas de comunicación, han superado todo marco legal previsible, por lo que ha llegado la hora de actualizar nuestra legislación en una materia que resulta, en estos tiempos, profundamente sensible al pleno ejercicio de la libertad de las personas”.
La norma tipifica estos delitos informáticos, y se consideraran como tales:
2. la violación de comunicación electrónica y el acceso ilegítimo a sistemas o dato informático de acceso restringido,
3. la publicación indebida de comunicación electrónica,
4. el acceso indebido a un banco de datos personales, la divulgación de información en secreto contenida en un banco de datos personales, y la inserción per se o a través de terceros de datos en un archivo de datos personales,
6. el daño informático y la inserción de virus informático,
7. los casos de daño informático agravado,
8. la interrupción de comunicaciones por causas de cualquier naturaleza, y
9. la violación de objetos, registros o documentos destinados a servir de prueba ante autoridad competente.
Las penas previstas varían desde quince días a cuatro años de prisión dependiendo del delito cometido. Para algunos casos también se prevén multas que van desde $ 750 a $ 100.000.
Asimismo, se incorpora una definición de los términos “documento”, “firma” y “suscripción” e “instrumento privado” y “certificado” que abarca a las nuevas necesidades.
Esta reforma persigue garantizar el respeto a la intimidad de las personas y a la confidencialidad e inviolabilidad de las comunicaciones, ambos objetivos reconocidos y garantizados por la Constitución Nacional.
Este insight es un comentario breve sobre novedades legales en Argentina; no pretende ser un análisis exhaustivo ni brindar asesoramiento legal.