Leading case: daños y perjuicios por empleo no registrado

El caso involucró a una supervisora de ventas que trabajó durante ocho años sin registración formal en una empresa dedicada a la construcción de viviendas. Tras intimar a su empleadora en junio de 2024, se consideró despedida en forma indirecta, promovió un reclamo por empleo no registrado, cuestionó la constitucionalidad de la Ley Bases 27742 y solicitó la aplicación de las multas derogadas por incorrecta registración previstas en la Ley 24013 y en la Ley 25323. En subsidio, reclamó daños y perjuicios derivados de la falta de registración del pretendido vínculo laboral.

En el fallo, el Juez hizo lugar a la demanda al considerar que la actora efectivamente se había desempeñado bajo relación de dependencia y le otorgó indemnizaciones por despido sin causa. A la vez, rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la Ley Bases y ratificó la derogación de las multas.

No obstante, entendió que la falta de registración había ocasionado un perjuicio patrimonial y moral que debía ser reparado, por lo que  reconoció un daño patrimonial equivalente a 12 salarios por pérdida de ingresos, beneficios previsionales y cobertura de seguridad social, y cuatro salarios en concepto de daño moral.

Un aspecto adicional de enorme relevancia es que la condena se extendió en forma solidaria a los socios y administradores de la sociedad empleadora. El magistrado entendió que habían participado personalmente en la decisión de mantener la relación clandestina. Así, aplicó el corrimiento del velo societario y se alejó de la doctrina más reciente de la Corte Suprema en el caso “Oviedo”, en el que se había fijado un estándar restrictivo para la responsabilidad personal de administradores. De este modo, el fallo amplía el margen de exposición de los directivos y socios frente a reclamos laborales vinculados con incumplimientos de registración.

Este precedente introduce un factor de incertidumbre significativo en el mercado laboral y genera un alto nivel de inseguridad jurídica. Aunque la Ley Bases eliminó las multas tarifadas, los tribunales han habilitado la vía de daños y perjuicios en el derecho civil, lo cual expone a las empresas a reclamos de cuantía incluso mayor y de resultado difícilmente previsible.

En este caso, la vía civil se revela como un mecanismo de resarcimiento potencialmente más gravoso que las multas previstas en la normativa derogada, ya que en estas últimas la reparación se encontraba tarifada. Además, la extensión de la responsabilidad a socios y administradores refuerza el riesgo personal de los directivos, que pueden ser alcanzados solidariamente en caso de que se compruebe su intervención directa en la gestión.