Impacto de la reforma en la prueba del procedimiento laboral

En febrero de 2026, el Congreso de la Nación tratará el proyecto de Ley de Modernización Laboral presentado por el Poder Ejecutivo Nacional en diciembre de 2025. Este busca no solo modificar la Ley de Contrato de Trabajo 20744 (LCT) sino también la Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional de Trabajo 18345 (LO) 

El proyecto de reforma de la Ley de Modernización Laboral introduce cambios significativos en el ámbito procesal de los juicios laborales, entre ellos, la modificación de los artículos 65 y 71 de la LO. Este cambio establece que la parte actora deberá ofrecer los medios de prueba junto con la presentación de su demanda. Esto representa un cambio sustancial respecto al procedimiento actual, en el que la parte actora puede ofrecer pruebas después de la contestación de la demanda. Este ajuste busca equilibrar el proceso y garantizar mayor transparencia y equidad entre las partes. ​ 
 

Contexto del cambio 

En el sistema procesal laboral vigente, el trabajador que inicia una demanda tiene la posibilidad de ofrecer pruebas después de que el empleador haya contestado la demanda. Esto genera una asimetría en el proceso ya que el demandante puede ajustar su estrategia probatoria en función de los argumentos y pruebas presentados por la parte demandada. Este desequilibrio ha sido objeto de críticas, debido a que puede interpretarse como una ventaja procesal para el trabajador, en detrimento del empleador. ​ 

Con la reforma propuesta, se busca que ambas partes tengan igualdad de condiciones desde el inicio del proceso. Al exigir que la parte actora ofrezca sus pruebas junto con la demanda, se establece un marco más equilibrado en el que ambas partes deben presentar sus argumentos y pruebas de manera simultánea, sin que una parte pueda modificar su estrategia en función de la otra. ​ 
 

Reducción de dilaciones procesales 

Al exigir que las pruebas sean ofrecidas desde el inicio, se reduce la posibilidad de dilaciones innecesarias en el proceso. Esto podría acelerar los juicios laborales, beneficiando tanto a los trabajadores como a los empleadores, quienes suelen enfrentar largos períodos de incertidumbre debido a la duración de los procesos. ​ 
 

Equilibrio procesal 

Desde la perspectiva del empleador, este cambio es positivo ya que elimina la posibilidad de que el trabajador ajuste su estrategia probatoria en función de la contestación de la demanda. Esto podría generar un mayor sentido de justicia y equidad en el proceso, fortaleciendo la confianza en el sistema judicial. ​ 
 

Conclusión 

Esta modificación del artículo 65 de la Ley 18345 representa un cambio significativo en el proceso laboral al traer equilibrio, transparencia y equidad al proceso, a la vez que reduce dilaciones. 

Desde el punto de vista de los empleadores, este cambio resultaría en una medida que protege sus derechos y les permite enfrentar las demandas laborales en igualdad de condiciones. Esto podría fomentar un entorno más justo y transparente en los juicios laborales, lo que a su vez contribuiría a una mayor confianza en el sistema judicial. ​ 

Será importante conocer si finalmente el proyecto avanza, ya que los cambios procesales serán significativos.