Entrada en vigor de la Convención de la Apostilla para Chile

La Convención de la Apostilla (también llamada “Tratado de Apostilla” o “Convenio de La Haya”) suprime la exigencia de legalización diplomática o consular para los documentos públicos extranjeros.

En este sentido, reemplaza las formalidades de la legalización (certificación en cadena) de un documento público por medio de la emisión de una apostilla. Se aplica a aquellos documentos emanados de una autoridad o un funcionario vinculado a una jurisdicción del Estado, a documentos administrativos, notariales, así como a las certificaciones oficiales que hayan sido aplicadas sobre documentos privados, tales como aquellas que registran el documento o su existencia en una fecha determinada, y autenticaciones de firmas.

De este modo, se facilita la circulación de documentos públicos emitidos en un Estado parte del Convenio que deben ser presentados en otro Estado parte.

Hasta la fecha, 113 países se han sumado a la Convención, firmada el 5 de octubre de 1961, incluyendo la República Argentina. Para la República de Chile, entró en vigor el 30 de agosto de 2016.