El fin de la emergencia

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El fin de la emergencia

Ante la decisión del Gobierno Nacional de no prorrogar las leyes que sucesivamente declararon la emergencia general en la República Argentina, el 1 de enero de 2018 finalizó el período de 16 años de vigencia de tal declaración.

2 de Marzo de 2018
El fin de la emergencia

Ante una grave situación de crisis, en enero de 2002, el Congreso de la Nación  sancionó la Ley N° 25.561 (la “Ley de Emergencia”), por medio de la cual declaró la emergencia en materia social (la “Emergencia Social”), económica, administrativa, financiera, cambiaria, de contratos regidos por normas de derecho público, ocupacional, alimentaria y sanitaria.

La Ley de Emergencia, con algunos matices, fue objeto de sucesivas prórrogas desde su sanción original. La última de ellas fue dispuesta en 2015, por la Ley Nº 27.200, hasta el 31 de diciembre de 2017.

A finales del año pasado, el Congreso Nacional únicamente dispuso la extensión del plazo de la Emergencia Social hasta el 31 de diciembre de 2019, mediante la sanción de la Ley N° 27.345, dando así por finalizada la emergencia que rigió hasta diciembre de 2017.

La declaración de la emergencia supuso una amplia delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo Nacional (el “PEN”).

Efectivamente, la Ley de Emergencia facultó al PEN a establecer el sistema que determinaría la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras, a dictar regulaciones cambiarias, a reestructurar obligaciones en curso de ejecución afectadas por la modificación del tipo de cambio, a regular transitoriamente los precios de insumos, bienes y servicios críticos ante la eventual distorsión de los mercados o de acciones de naturaleza monopólica u oligopólica, etc.

La principal consecuencia de la finalización de la declaración del estado de emergencia general es la recuperación, por parte del Congreso, de una serie de atribuciones que habían sido oportunamente delegadas al PEN durante la vigencia de las sucesivas prórrogas de esa emergencia.

Sin perjuicio de que la finalización de la declaración de emergencia general implica de por sí un avance en el camino de la legalidad y el estado de derecho, será importante seguir de cerca esta nueva etapa y, en particular, la actuación del PEN tras la recuperación por parte del Congreso –a partir del 1 de enero de 2018– de las facultades delegadas.