Derecho penal empresario: Resumen del año 2018

Por un lado, sobresalen reformas legislativas estratégicas, con el potencial de redefinir la dinámica de la práctica. Esto incluye la sanción de leyes de fondo, como la de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas por hechos de corrupción, y la aprobación de nuevas normas procesales, especialmente el Código Procesal Penal Federal.

Por otra parte, la práctica se ha movido al compás de las investigaciones sobre supuestos hechos de corrupción público-privada. Más allá de su impacto mediático, son casos cuyos resultados posiblemente incidan en la forma de hacer negocios en la Argentina.

Todo ello deja sentadas las bases para un 2019 que promete similares niveles de intensidad.

Eventos y tendencias

• Nueva Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas: impone a la empresa sanciones criminales por hechos cometidos en su nombre o beneficio. Deja poco margen para la defensa de la compañía, aunque contempla beneficios para la autodenuncia y la posibilidad de llegar a acuerdos de colaboración con el fiscal del caso.
• Nuevo Código Procesal Penal Federal: cambia la naturaleza del proceso penal, poniendo la dirección de la investigación en manos del fiscal. Introduce nuevas  medidas de prueba, entre las cuales sobresalen las vinculadas al uso de la tecnología. Reduce la formalidad en el proceso y apunta a investigaciones más ágiles y rápidas.
• Mayor agilidad de la AFIP y los recaudadores locales para denunciar: con la informatización de los sistemas impositivos, las agencias fiscales nacionales y locales han agilizado el ritmo de denuncias por delitos tributarios. En los casos de infracciones formales, la denuncia es prácticamente inmediata al incumplimiento.
• Nuevas reglas para el uso de la prisión preventiva: la Cámara Federal de Apelaciones sentó nuevos lineamientos para el encarcelamiento provisional, en causas vinculadas a la actuación de funcionarios públicos. Esencialmente, se ha valorado la calidad de exfuncionario como elemento demostrativo de la capacidad para incidir en la investigación.
• Uso de la figura del arrepentido: se ha producido una explosión en el uso de la figura del arrepentido como punto de partida de la investigación y como herramienta para avanzar en causas en curso. En ciertos casos, ha sorprendido la apelación espontánea a esta figura por parte de personas no identificadas originalmente como imputados.
• Agresividad estatal en el recupero de activos: en cumplimiento de compromisos internacionales para evitar que el delito rinda frutos, las autoridades han puesto el foco en el congelamiento y el recupero de activos de origen ilícito. Ello se tradujo en un marcado aumento del monto de los embargos preventivos y un mayor uso de medidas precautorias durante la investigación
• Imprescriptibilidad de delitos de corrupción: la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declaró la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública cuando impliquen “la comisión de un grave delito doloso contra el Estado”. Es un desarrollo de gran relevancia, en un contexto en el cual la mayoría de estas causas terminaba precisamente por prescripción de la acción.

Perspectivas para el 2019

• Posible expansión del uso de la figura del arrepentido: es posible que los resultados de 2018 alienten el uso de esta figura entre jueces y fiscales. Será importante definir las obligaciones de cooperación entre los propios investigadores, para los casos en que estas declaraciones puedan ser de utilidad en más de un proceso.
• Investigaciones aduaneras y tributarias: con la suscripción y entrada en vigencia de una serie de convenios multilaterales y bilaterales para el intercambio de información aduanera y fiscal, es probable que se aceleren las investigaciones por contrabando y evasión que requieran de cooperación internacional.
• Reforma del Código Penal de la Nación: el Poder Ejecutivo nacional presentó un proyecto de reforma que podría tener tratamiento legislativo durante 2019. En líneas generales, amplía el número de delitos por los cuales las personas jurídicas responderán penalmente; castiga la facilitación culposa del acto corrupto e incorpora sanciones a la corrupción entre privados.
• Proyecto de Ley de Extinción de Dominio: continuará el debate legislativo en torno a este proyecto. Esencialmente, se discute la incorporación de un mecanismo de decomiso de activos que no requiera de una condena firme en sede penal. Su aprobación acentuaría aún más la tendencia actual hacia el recupero de bienes de origen delictivo.