Criterio de actualización de créditos laborales

RESUMEN

La reforma laboral cambia la forma de actualizar los créditos laborales y calcular los intereses moratorios en Argentina, tanto para juicios futuros como para los que están en trámite. Para los créditos posteriores a su entrada en vigencia, reemplaza el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo y fija una actualización por IPC más un 3 % anual, el criterio que ya aplicaba la mayoría de las salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Para los juicios en trámite, aplica la tasa del BCRA, con un techo equivalente a IPC + 3 % y un piso del 67 % de ese cálculo. La reforma unifica criterios entre jurisdicciones y limita el margen de los jueces.

Introducción

El proyecto de reforma laboral plantea un cambio sustancial en el régimen de actualización de créditos laborales y de intereses moratorios, aplicable tanto a reclamos futuros como a juicios en trámite. Se trata de una modificación con efectos prácticos relevantes en un aspecto que, en los últimos años, ha sido central en la litigación laboral debido a la extensa duración de los procesos y al impacto de la inflación y la devaluación sobre los créditos reclamados.


Juicios posteriores a la entrada en vigencia de la ley

Para los créditos derivados de relaciones laborales iniciadas con posterioridad a la vigencia de la norma, el proyecto reemplaza el artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y establece un esquema de actualización basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), más una tasa de interés del 3 % anual, desde la exigibilidad de cada suma hasta su pago.

Este criterio coincide con el que actualmente aplican la mayoría de las salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (CNAT).

Esto implica una continuidad en la práctica judicial de esa jurisdicción (que es la que tiene mayor caudal de causas en trámite) y, a la vez, se daría por finalizada una larga controversia que dio lugar a innumerables fallos contradictorios entre la CNAT y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.


Juicios en trámite

En cuanto a los procesos “en trámite y aún pendientes de sentencia definitiva” al momento de entrada en vigencia de la ley, el artículo 55 del proyecto dispone que la actualización se realice conforme al artículo 768 del Código Civil y Comercial. Es decir, se aplicarán intereses moratorios según la tasa fijada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para el período correspondiente.

La norma introduce además límites claros:

•    Techo: el resultado no podrá superar la suma que surja de actualizar el monto de condena con IPC más 3 % anual.
•    Piso: el valor no podrá ser inferior al 67 % de ese mismo cálculo (IPC + 3 % anual).

Finalmente, el artículo declara la naturaleza de orden público de estas reglas e impone su aplicación de oficio incluso en concursos y quiebras.

En la práctica, el reconocimiento del piso del 67 % implica que las causas en trámite podrían recibir una actualización inferior al 100 % de IPC + 3 %, a diferencia de las causas iniciadas con posterioridad a la vigencia de la ley, que sí accederían al total de IPC + 3 %. Este trato desigual ha generado críticas desde el sector de los trabajadores, que lo consideran una diferenciación arbitraria.


Impacto práctico en los juicios laborales y consideraciones finales

La actualización de créditos e intereses moratorios ha sido un eje decisivo en la litigación laboral contemporánea, dado su peso cuantitativo frente a períodos de inflación elevada y la prolongada duración de los procesos. En muchos casos, el criterio de actualización aplicado termina teniendo mayor incidencia en el monto final de la sentencia que la propia cuestión de fondo.

En este contexto, si bien para los juicios posteriores a la vigencia de la ley el impacto parece limitado en el ámbito de la Justicia Nacional del Trabajo −donde en la práctica ya se aplicaba el criterio de IPC + 3 %−, la reforma resulta relevante porque unifica criterios en todas las jurisdicciones. Así, elimina las divergencias que existían entre ellas y limita la amplia facultad que tenían los jueces para resolver esta cuestión. 

Respecto de los juicios en trámite, en la Justicia Nacional del Trabajo el impacto práctico podría ser incluso mayor, ya que algunos procesos que, bajo el criterio de la CNAT se actualizarían con IPC + 3 %, podrían terminar aplicando la tasa del BCRA siempre que el resultado no sea inferior al piso del 67 %.


 

Preguntas frecuentes

¿Cómo se actualizan los créditos laborales en los juicios iniciados después de la reforma?
Se actualizan por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés del 3 % anual, desde que cada suma es exigible hasta su pago. Es el mismo criterio que ya aplicaba la mayoría de las salas de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, por lo que en esa jurisdicción el cambio práctico es limitado.

¿Qué pasa con los juicios laborales que están en trámite?
En las causas pendientes de sentencia definitiva se aplican intereses moratorios según la tasa del BCRA, conforme al artículo 768 del Código Civil y Comercial. El resultado no puede superar lo que daría IPC + 3 % anual ni ser inferior al 67 % de ese cálculo. Estas reglas son de orden público y los jueces deben aplicarlas de oficio, incluso en concursos y quiebras.

¿Por qué la reforma es relevante si el criterio de IPC + 3 % ya se aplicaba?
Porque unifica el criterio en todas las jurisdicciones del país, termina con años de fallos contradictorios entre la Cámara del Trabajo y la Corte Suprema, y limita la amplia discrecionalidad que tenían los jueces. Además, en los juicios en trámite algunas causas podrían recibir una actualización menor a la que tendrían con IPC + 3 %, un punto que generó críticas del sector de los trabajadores.