Beneficios e implicancias de la moratoria fiscal de CABA

Mediante la Ley 6842, publicada en el Boletín Oficial el 23 de septiembre de 2025, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) estableció un régimen de regularización de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización están a cargo de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP). Este fue reglamentado por la Resolución 461/AGIP/2025, publicada el 24 de octubre de 2025.

Dicho régimen resulta aplicable a las obligaciones tributarias adeudadas de cualquier naturaleza vencidas al 31 de agosto de 2025 inclusive, que se encuentren en instancia administrativa o judicial[1], así como a las infracciones cometidas a esa fecha. También, pueden incluirse las obligaciones que hayan sido regularizadas en otros planes de facilidades de pago. El artículo 4 de la ley prevé los supuestos de exclusión.[2]

Los contribuyentes o responsables podrán acogerse hasta el 31 de enero de 2026 inclusive, plazo que podrá ser prorrogado por la propia AGIP por única vez.
 

1. Requisitos del acogimiento

Para que exista acogimiento válido a la fecha de presentación se debe:

a. declarar las obligaciones tributarias adeudadas, total o parcialmente, dentro de los plazos fijados para el acogimiento. En el caso de obligaciones en ejecución fiscal, se debe formular el acogimiento por juicio, incluyendo la totalidad de la deuda ejecutada, y desistir del derecho y acciones judiciales iniciadas contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vinculadas con dichas deudas.

b. abonar el total de la deuda al contado o la primera cuota a su vencimiento, sin mora, según la modalidad elegida.

c. en el supuesto de planes de facilidades de pago, denunciar la CBU de la cuenta de la que se debitarán los importes correspondientes para la cancelación de cada una de las cuotas.

2. Beneficios fiscales

La adhesión al régimen conlleva los siguientes beneficios:

a. La condonación de oficio de todas las multas que correspondiera aplicar por incumplimientos de deberes materiales cometidos hasta el 31 de agosto de 2025, así como de las multas impuestas y no abonadas que, a la fecha de entrada en vigencia del régimen (3 de noviembre de 2025), no tuvieran sentencia firme y siempre que las obligaciones tributarias asociadas se cancelen en el marco del régimen.

b. La condonación de oficio de todas las multas formales que corresponda aplicar y de todas las multas impuestas y no abonadas que, a la fecha de entrada en vigencia del régimen, no tuvieran sentencia firme, siempre que se haya cumplido con el deber formal omitido dentro del plazo para acogerse al régimen. Cuando el deber no sea susceptible de ser cumplido con posterioridad a la comisión de la infracción, la multa queda condonada de oficio, siempre que la falta haya sido cometida hasta el 31 de agosto de 2025.[3]

c. La condonación de intereses resarcitorios y punitorios asociados a las obligaciones regularizadas en el régimen, cuyo porcentaje se determina en función de la categoría del contribuyente, la modalidad de pago y el tiempo del acogimiento desde la entrada en vigor del régimen (3 de noviembre de 2025).

Porcentajes de condonación de intereses resarcitorios y punitorios
Plazo a contar en días corridos	Grandes Contribuyentes            RG 161-AGIP/19		Sujetos no incluidos en la RG 161-AGIP/19
	Pago de contado	En plan de pagos [4]	Pago de contado	En plan de pagos [5]
Dentro de los primeros 30 días	70%	60%	100%	70%
Entre los 31 y 60 días	60%	40%	70%	60%
Entre los 61 y 80 días	40%	30%	50%	40%
A partir de los 81 días	30%	10%	40%	30%

 

d. La cancelación total de la deuda en las condiciones previstas en el régimen produce la extinción de la acción penal.

(iii) Efectos del acogimiento

Entre los efectos más relevantes del acogimiento, cabe mencionar los siguientes:

a. El allanamiento liso y llano a la pretensión del Fisco en la medida de lo que se pretendió regularizar.

b. La renuncia o desistimiento del derecho a repetir total o parcialmente el tributo declarado y/o sus intereses y/o multas, así como la renuncia a toda acción y derecho relativos a las causas administrativas y judiciales en trámite.

c. La suspensión de las acciones penales en curso y de la prescripción penal, así como la interrupción del término de la prescripción para determinar gravámenes, aplicar multas y exigir su pago respecto de la deuda declarada.

d. En el caso de deudas en ejecución fiscal: (i) el levantamiento de las medidas cautelares trabadas y (ii) la obligación del contribuyente y/o responsable de pagar los honorarios de los mandatarios intervinientes, los gastos y la tasa judicial.