Proyecto de ley sobre la publicidad de beneficios a profesionales de la salud

Siguiendo una tendencia iniciada en el extranjero por normas como la Physician Payments Sunshine Act de Estados Unidos, la Argentina busca establecer un régimen informativo sobre los beneficios que los profesionales de la salud reciban de empresas del sector. El objetivo de ese sistema es atacar posibles conflictos de interés en decisiones terapéuticas.

En diciembre de 2016, se aprobó la Ley N° 5709 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (“CABA”), aún no reglamentada, que establece un régimen por el cual fabricantes, importadores y distribuidores de productos médicos, biológicos y farmacéuticos deberán informar al Ministerio de Salud cuando den bienes, servicios, beneficios o premios susceptibles de valoración pecuniaria a médicos en el ámbito de la CABA para que el organismo dé a publicidad esta información.

El 3 de mayo de 2018, se presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley con disposiciones similares a nivel nacional. En los fundamentos del proyecto, se menciona que busca seguir parámetros de leyes extranjeras en la materia, y que la industria farmacéutica requiere iniciativas de buena gobernanza dado el impacto que sus acciones pueden tener en la salud de la población.

En ese contexto, el proyecto indica expresamente que su principal objetivo es dar a los pacientes la mayor información posible sobre eventuales conflictos de interés que podrían afectar decisiones terapéuticas de los profesionales de la salud.

De ser aprobado, los fabricantes, importadores y distribuidores de productos médicos, biológicos y farmacéuticos deberán informar al Ministerio de Salud de la Nación cuando den bienes, servicios, beneficios o premios susceptibles de valoración pecuniaria a médicos en el ámbito de la República Argentina para que el organismo dé a publicidad esta información. Esto incluye pagos en efectivo, pagos por honorarios profesionales, pagos destinados a solventar cualquier actividad de formación profesional, pagos destinados a solventar gastos de viajes, entrega de valores, pasajes, regalos, hospedajes, gastos de representación, comidas o cualquier otro bien susceptible de valoración económica.

La información suministrada deberá ser sistematizada en una base de datos y deberá ser publicada por la autoridad de aplicación para la libre consulta de los ciudadanos.