ARTÍCULO

Proyecto de ley para plataformas digitales extranjeras

El proyecto obligaría a plataformas digitales extranjeras a tener presencia local y cumplir normas argentinas.

25 de Junio de 2026
Proyecto de ley para plataformas digitales extranjeras

El proyecto de ley N° 1000-D-2026 exige a las plataformas digitales extranjeras que comercializan bienes o servicios en la Argentina que cumplan con el marco legal y tributario nacional. A tal efecto, estas plataformas deberán constituir un domicilio legal o especial en el país, designar un responsable legal local y someterse a la jurisdicción argentina.

El proyecto de ley impone:

•    Responsabilidad solidaria a las plataformas y a sus representantes legales por el pago de aranceles y obligaciones fiscales establecidas de conformidad con la Ley General de Sociedades No.19.550, así como también ante los incumplimientos en materia laboral que pudieran corresponder. 
•    Una presunción de existencia de relación de consumo entre las plataformas digitales extranjeras y los usuarios que contratan, utilizan o resultan destinatarios finales de bienes y servicios ofrecidos en la Argentina. 
•    Responsabilidad de las plataformas por los daños sufridos por los consumidores en relación con la prestación de los servicios, incluso cuando actúen únicamente como intermediarias, organizadoras o facilitadoras, sin perjuicio de las acciones de repetición que pudieran corresponder.

El proyecto aplicaría a las personas humanas o jurídicas constituidas en el extranjero que, de manera habitual y a través de medios digitales: (i) ofrezcan bienes o servicios a usuarios en la Argentina; (ii) intermedien en operaciones económicas realizadas en el país; u (iii) obtengan ingresos derivados de usuarios, anunciantes, proveedores o datos generados en territorio argentino. Las plataformas que no cumplan con estos requisitos estarán impedidas de comercializar bienes o servicios en la Argentina.

Esta iniciativa se alinea con enfoques regulatorios adoptados en jurisdicciones como Brasil, el Reino Unido y la Unión Europea, que también procuran regular las plataformas digitales extranjeras mediante una combinación de medidas de tributación, supervisión jurisdiccional, protección del consumidor y responsabilidad de las plataformas.