Protección jurídica de economías regionales

El 10 de junio de 2025, se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley para modificar la Ley 25380, que regula las indicaciones geográficas y denominaciones de origen de productos agrícolas y alimentarios en la Argentina.

La propuesta incorpora las economías regionales como objeto de protección jurídica para incentivar su producción, preservar su identidad cultural y fortalecer su competitividad en los mercados.

El proyecto fundamentalmente incluye a las economías regionales y las define como “sistemas productivos desarrollados fuera de la pampa húmeda, que integran recursos naturales, saberes locales y tradiciones propias”. Se distinguen por sus costos, formatos de comercialización y mercados de destino, diferentes a los del modelo pampeano.

Los cambios propuestos son:

1. Se modifica el artículo 2: se incluye expresamente a las economías regionales junto con las definiciones de indicación geográfica y denominación de origen.

2. Se incorpora el artículo 4 bis: se establece que la autoridad de aplicación deberá reconocer, proteger y promover las economías regionales como parte del sistema de indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Para esto, se fijan cinco criterios:

• Diversidad productiva: impulsar producciones agrícolas, ganaderas, forestales, industriales y artesanales con identidad territorial.
• Valor agregado local: fomentar la elaboración y comercialización en origen.
• Protección de la identidad cultural: preservar técnicas y conocimientos tradicionales.
• Sostenibilidad ambiental y social: promover prácticas responsables.
• Acceso a mercados y financiamiento: generar herramientas de apoyo para productores regionales.

Por último, en cuanto a los fundamentos del proyecto, se reconoce que las economías regionales son clave para el desarrollo federal y propone incorporarlas al sistema de certificación de origen ya que esto permitiría:

• diferenciar productos y facilitar su acceso a mercados internacionales;
• proteger el patrimonio cultural productivo de cada región;
• impulsar empleo local, arraigo territorial y valor agregado en origen;
• favorecer un desarrollo federal más equilibrado.