Prevención de lavado de activos. Cambios en la regulación de tarjetas de crédito o prepagas

Mediante la Resolución N° 7/2013 (la “Resolución”) la Unidad de Información Financiera (“UIF”) modificó la Resolución UIF N° 2/2012 con el fin de facilitar la obligación de identificación de clientes que recae sobre los (i) emisores de cheques de viajero; (ii) emisores no bancarios de tarjetas de crédito; (iii) emisores no bancarios de tarjetas de compra; (iv) entidades no bancarias que efectúen el pago a los comercios adheridos en el sistema de tarjeta de crédito o de compra; y (v) emisores de las denominadas “tarjetas prepagas”, recargables o no. En ese sentido, dispuso un cambio en las exigencias de identificación de los “usuarios adicionales” o “beneficiarios” de extensiones de tarjetas de crédito, a quienes sólo se les deberá solicitar datos identificatorios y no patrimoniales. Asimismo, con respecto a los “usuarios titulares” que adquieran tarjetas prepagas, la Resolución dispuso que sólo en los casos de usuarios titulares que soliciten la emisión de tarjetas prepagas por un monto superior a $ 4.000 se les deberá requerir, además de los datos identificatorios, los datos patrimoniales y las declaraciones juradas establecidas en la Resolución UIF N° 2/2012.

Por otra parte, la Resolución también dispuso los siguientes agregados a la Resolución UIF N° 2/2012:

1. en la definición de “Clientes” incorporó a todos aquellos que realicen operaciones con cheques de viajero; y
2. agregó un inciso al artículo 18 (referido a las obligaciones de los Sujetos Obligados) mediante el cual se establece que, salvo que se sospeche sobre la existencia de lavado de activos o financiación al terrorismo, para el caso de los clientes que operen con tarjetas vinculadas al pago de planes sociales se considerará suficiente la información brindada por los organismos públicos pertinentes.

La Resolución está vigente desde su publicación en el Boletín Oficial, es decir, desde el 14 de enero 2013.