Novedades sobre el régimen de calificación cinematográfica
Se actualizaron categorías, el régimen aplicable a películas extranjeras y sanciones, entre otros aspectos.
El 26 de enero de 2026 se publicó el Decreto 50/2026. Allí el Poder Ejecutivo aprobó una nueva reglamentación de la Ley 23052, relativa al sistema de calificación de películas cinematográficas destinado a determinar su aptitud para menores de edad.
La norma actualiza el régimen vigente desde 1984, al considerar que las categorías y criterios anteriores habían quedado desfasados frente a las transformaciones culturales, sociales y tecnológicas que impactan en el consumo de contenidos audiovisuales. En este marco, se reafirma que la calificación constituye una herramienta orientativa, destinada a brindar información clara al público y permitir que padres, madres y tutores ejerzan adecuadamente su rol de acompañamiento.
Entre los principales cambios introducidos, el Decreto asigna al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) competencia exclusiva para otorgar calificaciones, incluyendo la guía orientativa, las placas y pictogramas para su implementación.
Asimismo, se establecen nuevas categorías de referencia:
- Audiencia General (G)
- Supervisión parental sugerida (SP)
- Restringida para menores de 13 años (R-13)
- Restringida para menores de 17 años (R-17)
- Solo apta para mayores de 18 años – exhibición condicionada (C)
Adicionalmente, se incorpora un régimen de homologación automática de calificaciones extranjeras que reconoce certificados emitidos por organismos competentes del país de origen, salvo que existan reclamos fundados con motivo de discordancias con los criterios aplicables en el país o revisión fundada por razones de orden público.
Finalmente, se prevén obligaciones informativas referidas a placas obligatorias al inicio de cada película, sanciones por incumplimiento y un esquema actualizado de multas graduadas según la gravedad de la infracción.
Este insight es un comentario breve sobre novedades legales en Argentina; no pretende ser un análisis exhaustivo ni brindar asesoramiento legal.