Los beneficios sociales tras la reforma laboral

La Ley 27802 de Modernización Laboral, vigente desde el 6 de marzo de 2025, introdujo ajustes significativos en materia de beneficios sociales e incorporó en la normativa ciertos criterios desarrollados por la jurisprudencia laboral previa.
 

Escenario anterior a la reforma

Los beneficios sociales han sido, históricamente, terreno de debate. Se trata de prestaciones de naturaleza propia de la seguridad social: no remunerativas, no dinerarias, no acumulables ni sustituibles por dinero, y orientadas a mejorar la calidad de vida del trabajador y su grupo familiar.

 

Entre los beneficios que se encontraban comprendidos en la legislación laboral antes de la Ley de Modernización Laboral, se encuentran: el acceso a servicios de comedor; reintegros de gastos médicos y odontológicos debidamente documentados; provisión de ropa y elementos de uso laboral; reintegros de guardería o sala maternal para hijos de hasta seis años; entrega de útiles escolares y guardapolvos; cursos de capacitación; y reintegros por gastos de sepelio de familiares a cargo.

En la práctica, su interpretación se ha extendido a otros conceptos por entenderlos de igual naturaleza, lo que ha ido generando numerosos reclamos y toda una corriente doctrinaria y jurisprudencial tendientes a considerarlos remunerativos y, por ende, integrantes de la base de cálculo de impuestos, cargas sociales e indemnizaciones por despido. Esta lectura ha encontrado sustento en el Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que —con su noción amplia de salario como “toda remuneración o ganancia (…) siempre que pueda evaluarse en efectivo”— ha servido de apoyo a los planteos que sostienen que excede el alcance del artículo 103 de la LCT, en tanto limita el concepto de remuneración a la contraprestación derivada directamente del contrato de trabajo. Esta amplitud abría la posibilidad de calificar como “ganancia” cualquier ventaja que evitara un gasto al trabajador.

Así, beneficios hoy comunes en el ámbito empresarial —como el pago de medicina prepaga en valores superiores a los aportes obligatorios o beneficios de alimentación— quedaban expuestos a cuestionamientos o reclamos relativos a su calificación como remunerativos y, previo a su derogación, podían dar lugar a la aplicación de multas por incorrecta registración.

Las modificaciones introducidas

El nuevo texto del artículo 103 bis aclara que los beneficios sociales son prestaciones voluntarias del empleador y que no constituyen salario en especie, lo que limita su interpretación. Asimismo, se establece que no corresponde sobre estas prestaciones el pago de aportes ni contribuciones a la seguridad social.

Los cambios quizás más relevantes recaen justamente en dos de los conceptos más problemáticos para la jurisprudencia: prepaga y, con ciertos matices, la alimentación. Ambos han sido usualmente utilizados como sustento de reclamos por salario deficientemente registrado.

De esta manera, el artículo ahora incorpora expresamente como beneficios sociales:
 

• la alimentación del trabajador, ya sea dentro del establecimiento o en locales gastronómicos cercanos contratados por la empresa, con los límites que establezca la autoridad de aplicación;
• los planes médicos integrales otorgados en especie y las diferencias de cuotas asumidas por el empleador.

Respecto de la ropa de trabajo, se mantiene su consideración como beneficio social, pero desaparece la exigencia de uso exclusivo laboral establecida en la redacción anterior.

El resto de los beneficios sociales no sufrió modificaciones sustanciales ni alteraciones en su regulación respecto del régimen previo.

 

 

Conclusiones e incidencia práctica

 

La reforma establece un marco más definido respecto de la naturaleza jurídica de los beneficios sociales, lo que incide en la forma en que pueden ser implementados dentro de las relaciones laborales. Bajo la normativa anterior, que incluía históricamente también las multas derivadas de la incorrecta registración del salario, prestaciones como la cobertura de medicina prepaga o los beneficios alimentarios solían generar controversias que podían derivar en reclamos judiciales orientados a su inclusión como conceptos remunerativos.

El nuevo texto del artículo introduce precisiones que tienden reforzar la calificación de beneficios no remunerativos y, a la vez, delimitar estos beneficios. Esto busca reducir la posibilidad de interpretaciones divergentes sobre su carácter, configurando así un escenario normativo más claro tanto para empleadores como para trabajadores, en el que resulta posible la continuidad de este tipo de beneficios y su percepción por parte de los trabajadores sin generar un ecosistema contingente para las compañías.

 

No obstante, habrá que seguir con atención cómo reaccionan los tribunales frente a esta nueva redacción ya que la experiencia demuestra que, en el pasado, la jurisprudencia no dudó en reconocer carácter remunerativo a conceptos que la ley clasificaba como no remunerativos. Esto se realizaba basándose en el principio de la primacía de la realidad y en criterios como la habitualidad, el incremento patrimonial efectivo para el trabajador y la finalidad protectoria del derecho laboral, que lleva a privilegiar el contenido económico real por sobre las denominaciones formales.