La CSJN ratifica límites al cobro de tasas municipales

El 10 de septiembre de 2026, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dictó dos relevantes pronunciamientos en las causas “Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. c/ Municipalidad de Córdoba s/ plena jurisdicción - recurso de casación” y “Mutual de Ayuda entre Ferroviarios Activos y Jubilados de la Fraternidad Sección Pergamino FC Mitre c/ Municipalidad de Pergamino s/ pretensión declarativa de certeza”. En ambos casos, el Tribunal examinó la validez de reclamos municipales vinculados a la tasa por inspección de seguridad e higiene y concluyó que las decisiones de los superiores tribunales de justicia provinciales se apartaban de los requisitos constitucionales que su jurisprudencia exige para la validez de las tasas municipales.

En “Banco de Galicia”, la CSJN sostuvo que la norma tributaria que definía el hecho imponible de la tasa utilizaba una fórmula de extrema amplitud, al describir la actividad gravada de manera residual y por defecto. Así, en lugar de identificar los servicios cuya prestación justificaba el cobro del tributo, la norma operaba −al igual que en el precedente “Gasnor S.A. c/ Municipalidad de La Banda” − como una mera cobertura para gravar actividades desarrolladas por contribuyentes a quienes el municipio no brindaba servicio alguno. Asimismo, la CSJN reiteró que corresponde al municipio acreditar la efectiva prestación del servicio y rechazó el criterio que trasladaba esa carga al contribuyente, por considerar que desdibuja los requisitos constitucionales de las tasas y las equipara, en los hechos, a un impuesto.

En la causa “Mutual de Ayuda”, la CSJN efectuó dos precisiones de especial relevancia. En primer lugar, reafirmó que la periodicidad en la prestación efectiva del servicio constituye un atributo esencial de la tasa, que asegura que los servicios sean realmente prestados y que la tasa no constituya un impuesto.

En segundo lugar, destacó que la validez de su cuantía depende de dos requisitos concurrentes: uno de carácter general y otro de carácter específico. El requisito general exige que la recaudación total no exceda razonablemente el costo del servicio financiado, pues cualquier excedente desnaturalizaría la tasa y la transformaría en un impuesto. El requisito específico, por su parte, se vincula con la aplicación restringida del principio de capacidad contributiva en materia de tasas. Según la CSJN, dicho principio solo puede ser utilizado para distribuir entre los contribuyentes el costo total del servicio público, pero no para justificar que determinados sujetos soporten cargas exorbitantes o desproporcionadas respecto del costo del servicio que reciben. De lo contrario, la tasa pierde su vinculación con la prestación estatal que constituye su fundamento y se convierte, en los hechos, en un verdadero impuesto. Sobre esta base, la CSJN rechazó la postura según la cual el control judicial solo resulta procedente ante supuestos de confiscatoriedad y ratificó que debe verificarse una relación razonable entre el monto exigido y el costo del servicio involucrado.

Ambos precedentes refuerzan la doctrina de la Corte sobre las tasas municipales y reafirman límites claros a la potestad tributaria municipal.