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Iniciativa para implementar políticas de integridad en provincias y municipios argentinos

La OA relanzó un proyecto de cooperación que cuenta con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para articular políticas de transparencia e integridad, en conjunto con las provincias y los municipios.

4 de Agosto de 2020
Iniciativa para implementar políticas de integridad en provincias y municipios argentinos

El proyecto, relanzado por la Oficina Anticorrupción (OA) a través de su comunicado del 23 de julio, cuenta con el apoyo de la Cancillería y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Este apunta fundamentalmente a incorporar políticas preventivas de la corrupción en todo el territorio nacional incorporando las particularidades de cada región, provincia y municipio.

Conforme surge de la página del PNUD se trata de un proyecto iniciado en 2017 y cuya fecha de finalización estaría prevista para el 31 de julio de 2022. De acuerdo con lo comunicado por la OA, el proyecto, elaborado por el PNUD, impulsa el cumplimiento de los mandatos de las convenciones internacionales en materia de transparencia y lucha contra la corrupción ratificadas por la República Argentina en el marco de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Si bien la OA no dio a conocer mayores detalles del proyecto, conforme a su comunicado el mismo incluye: (a) programas de capacitación, (b) de asistencia técnica y (c) provisión de herramientas. Existe mayor información sobre el proyecto en la página del PNUD, si bien lamentablemente muchos de los reportes allí mencionados no están disponibles en línea.

A su vez, teniendo en consideración el contexto sanitario actual, el Comunicado de la OA destaca entre los principales objetivos del proyecto promover y acompañar políticas de transparencia en la gestión de la emergencia establecida por la pandemia COVID-19. Se señala también que el proyecto será ejecutado con perspectiva de género y considerando el impacto que pueda tener la corrupción en el ámbito de los derechos humanos.