Guía para el ejercicio ético de la función pública

El 10 de septiembre de 2020, la Oficina Anticorrupción (OA), a través de su página web, publicó la Guía para el Ejercicio Ético de la Función Pública, aplicable a funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo Nacional, que desempeñen la función pública en todos sus niveles de gobierno y jerarquías. Concretamente, está dirigida a todos aquellos funcionarios o empleados que, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal dentro de la órbita del Poder Ejecutivo Nacional, practiquen una función pública.

Así, la guía sirve como una herramienta de difusión de los principales deberes, incompatibilidades y obligaciones que el funcionario público debe conocer y respetar para garantizar la integridad en el desempeño de sus funciones. Asimismo, entre varios contenidos, brinda información sobre:

1. Régimen de conflicto de intereses e incompatibilidades.
2. Declaraciones juradas patrimoniales.
3. Registros de viajes, obsequios y audiencias de gestión de intereses.
4. Principios rectores para compras y contrataciones.
5. Lineamientos sobre acceso a la información pública.

La guía fue diseñada por la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Gestión y Empleo Público, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y la Subsecretaría de Integridad y Transparencia de la OA para el mejor desarrollo de políticas públicas en materia de integridad y transparencia. En tal sentido, el trabajo publicado se ofrece como una guía inicial de recomendaciones, con definiciones breves y prácticas, a efectos de que los y las agentes de la Administración Pública Nacional puedan aplicar estas normas en la gestión cotidiana de sus tareas.

Si bien la Guía se focaliza en marcos regulatorios generales (Ley N° 25188 de Ética Pública, Decreto N° 41/99 que aprobó el Código de Ética y Ley N° 25164 de Empleo Público, entre otras), su propio texto deja en claro que no incluye otras limitaciones e incompatibilidades que pudieran surgir de otros ordenamientos jurídicos en general o del régimen específico de la función del sujeto obligado.