El Poder Ejecutivo de la Nación promulgó el proyecto de reforma de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero

Tal como comentáramos en nuestra edición anterior (ver nuestro artículo “Avanza en el Congreso Nacional el proyecto de reforma de la Ley de Prevención de Lavado de Dinero y financiación del Terrorismo” publicado en Marval News # 105 del 31 de mayo de 2011), se esperaba que el Congreso sancionara el proyecto de ley que modifica la Ley N° 25.246 de Prevención de Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo durante los primeros días del mes de junio de 2011, de cara al plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que tuvo lugar en México entre el 20 y el 24 de junio de 2011. El proyecto promulgado por parte del Poder Ejecutivo incluye todas las modificaciones descriptas en nuestro articulo anterior, excepto por el artículo 25 que le impedía a la Unidad de Información Financiera (UIF) actuar como parte querellante en procesos penales.

Recordamos que a fines del año pasado el GAFI emitió un informe crítico respecto de la situación de la Argentina y expresó su preocupación acerca de las deficientes medidas adoptadas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo durante el período comprendido entre los años 2004 y 2009. Posteriormente, a principios de este año, el GAFI destacó las acciones adoptadas por la Argentina, y resolvió analizar la situación nuevamente en su reunión plenaria del mes de junio de 2011. Mientras tanto, la Argentina transitaría por un procedimiento de seguimiento respecto del cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el GAFI denominado International Co-operation Review Group (ICRG).

Al finalizar el plenario el 24 de junio de 2011 en México, el GAFI emitió un documento denominado “Improving Global AML/CFT Compliance: on-going process” que contiene un listado de aquellos países que se encuentran bajo un proceso de revisión en curso, y que desarrollaron y presentaron un plan de acción ante el GAFI. En el caso particular de la Argentina, se señala que en junio de 2011 el país demostró su compromiso político de alto nivel para trabajar junto al GAFI para solucionar sus deficiencias en materia de prevención de lavado de dinero y financiación del terrorismo, destacando que fueron adoptadas determinadas medidas para mejorar su régimen interno (incluida la promulgación de las reformas comprendidas en la Ley N° 26.683). Sin embargo, el GAFI también expresó que aún existen algunas deficiencias y preocupaciones específicas respecto de algunos puntos que requieren una mayor clarificación, para lo cual instó a la Argentina a que sean solucionadas sin demoras y a continuar trabajando en el proceso de implementación de su plan de acción. El GAFI espera más avances de la Argentina para el mes de octubre de 2011. En particular, el GAFI espera que Argentina presente al GAFI un proyecto de ley de prevención de financiación del terrorismo, de acuerdo con las normas internacionales.

Por otra parte, en su sesión ordinaria del 1 de junio de 2011, el Senado de la Nación aprobó también un nuevo Proyecto de Ley que prevé corregir determinados aspectos que habían sido objeto de debate durante la discusión del proyecto de reforma. Actualmente, este nuevo Proyecto de Ley se encuentra en la Cámara de Diputados desde el 13 de junio de 2011 para su tratamiento. Entre las principales modificaciones de este proyecto de ley “correctivo” se destacan:

1. la incorporación como delitos previos de la “evasión fiscal agravada, evasión previsional agravada, aprovechamiento indebido de subsidios, obtención fraudulenta de beneficios fiscales y asociación ilícita para la comisión de delitos tributarios”;
2. la inclusión como sujetos obligados de “los profesionales cuando actúen como síndicos societarios o auditores externos de estados contables”, y
3. la distinción entre las sanciones que podrían imponerse a los sujetos obligados en los casos de incumplimiento al deber de informar a la UIF operaciones sospechosas de lavado de dinero o financiación del terrorismo, y las restantes obligaciones establecidas por la ley, su reglamentación o cualquier otra norma de contenido obligatorio dictada en su consecuencia.