El Estado Nacional se apresta a definir el destino de concesiones hidroeléctricas próximas a vencer

El 10 de marzo de 2022, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución N° 130 de la Secretaría de Energía, que constituyó el denominado Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados (ETAHC). La Resolución 130 encargó al ETAHC una auditoría integral de distintas concesiones otorgadas entre 1993 y 1997 para generación hidroeléctrica.

Entre las concesiones por vencer, se incluyen vencimientos en 2023 y 2024, por lo que la Resolución 130 otorgó al ETAHC un plazo de un año desde su constitución para auditar aquellas concesiones que vencen durante 2023. Para el resto, dio dos años, a excepción de aquellas cuyo vencimiento será en 2029 y 2044.

En los considerandos de la Resolución, se señala que la generación de energía hidroeléctrica (incluyendo las centrales binacionales, los aprovechamientos hidroeléctricos concesionados contemplados en la Resolución 130 y centrales renovables de menor escala) representa aproximadamente el 20 % de la generación total del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y cuenta con una potencia instalada superior a 10800 MW.

La auditoría encargada al ETAHC incluye 22 concesiones de aprovechamientos hidroeléctricos en 8 provincias, con una potencia instalada de aproximadamente 5800 MW en su conjunto.

Con importaciones de gas natural (tanto por gasoducto como de GNL) y de los combustibles líquidos como gasoil y fueloil —que también se utilizan para la generación de energía eléctrica— cada vez más costosas, es indispensable que toda la potencia hidráulica instalada se encuentre disponible. Naturalmente, los riesgos regulatorios y la falta de previsibilidad atentan contra esa disponibilidad.

Desde su privatización, el marco regulatorio de las concesiones hidroeléctricas se fue modificando sistemática y sustancialmente en detrimento de derechos y expectativas legítimas de los concesionarios. En particular, el régimen aplicable a los ingresos se transformó completamente.

Distintos tribunales internacionales consideraron que las modificaciones regulatorias del MEM que redujeron los ingresos de los generadores (incluyendo concesionarios centrales hidroeléctricas) constituían una violación de derechos garantizados a inversores extranjeros. Estas decisiones se adoptaron bajo tratados bilaterales de protección de inversiones que hoy siguen vigentes.

En este contexto, es muy importante que, sea cual sea la solución regulatoria que promueva la auditoría encargada al ETAHC, en esta oportunidad se garantice la seguridad jurídica y la previsibilidad. Esos valores resultan imprescindibles tanto para la seguridad energética como para reducir la exposición a reclamos internacionales similares a los que Argentina enfrentó en el pasado.