Credenciales virtuales y prueba de la infracción

En un interesante fallo que trascendió recientemente, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo fijó los estándares de prueba para respaldar un despido con causa, en casos vinculados al uso inapropiado de los sistemas informáticos del empleador.

En el caso, el demandante inició acciones legales contra su ex empleador, persiguiendo una reparación por despido injustificado. La compañía accionada, por su parte, rechazó la demanda al sostener que el actor había descargado una gran cantidad de material inapropiado a su computadora de trabajo, circunstancia que justificaba la terminación de la relación laboral.

Durante el trámite del proceso, un perito informático examinó las computadoras y los servidores de la compañía, constatando efectivamente la descarga y el almacenamiento de videos y fotografías pornográficas.

Sobre la base de la pericia informática, el juez de primera instancia rechazó la demanda, al considerar que la demandada había demostrado la causal que justificaba el despido del actor. El demandante apeló la decisión.

Al revisar los antecedentes, la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocó la sentencia recurrida. Al resolver en este sentido, la Cámara de Apelaciones consideró que aun cuando se demostró que se había almacenado material inapropiado en la computadora y en los servidores de la compañía, no se acreditó con el grado de certeza necesario que el demandante haya sido el responsable de la descarga.

En este sentido, la Cámara hizo especial hincapié en la declaración testimonial de dos empleados de la firma demandada. Al respecto, los testigos afirmaron que si bien a cada empleado se le asignaba un nombre de usuario individual y una clave personal de acceso al sistema, lo cierto es que en la práctica estas credenciales virtuales eran compartidas entre los empleados. Por tanto, la Cámara consideró que no se había demostrado la causal de justificación del despido.

El caso plantea un interesante desafío para los empleadores en términos del control del uso de las herramientas informáticas por parte de los empleados. De acuerdo a la doctrina del fallo, la asignación de un usuario y una clave personal no acredita de por sí la autoría de las infracciones cometidas bajo esa identidad virtual.