Acción de amparo colectiva por uso de deepfakes

En el marco de las elecciones legislativas argentinas del 18 de mayo del 2025, se difundieron videos que involucraban al expresidente Mauricio Macri y a Silvia Lospennato anunciando el retiro de su candidatura para apoyar a Manuel Adorni. Sin embargo, posteriormente se confirmó que dichos videos eran deepfakes, es decir, contenidos generados o manipulados mediante inteligencia artificial con fines de desinformación.

En función de este precedente y con vistas al proceso electoral nacional de renovación parcial de la Cámara de Diputados y del Senado del próximo 26 de octubre de 2025, Andres Gil Dominguez promovió una acción de amparo electoral preventiva colectiva. La demanda busca la adopción de medidas urgentes para prevenir y frenar la difusión de deepfakes, ya sea mediante clonación de voz o rostro de figuras públicas.

Según la demanda, los deepfakes representan un grave riesgo para el sistema democrático ya que pueden inducir a error al electorado, propagar desinformación, dificultar la verificación de posturas políticas, y erosionar la legitimidad de líderes y partidos. Además, su viralización dificulta reacciones correctivas incluso si son desmentidos posteriormente. 

La realización de elecciones transparentes y equitativas es condición de validez de la democracia, por lo que los poderes públicos tienen el deber de remover obstáculos que puedan “conculcar de manera manifiesta el derecho fundamental y humano a elegir libremente” a los representantes. 

Entre las medidas que se proponen para mitigar los riesgos, se incluyen: 

1.    remoción rápida de contenidos falsos; 
2.    etiquetado obligatorio de contenidos generados por inteligencia artificial; 
3.    sanciones a infractores y cuentas maliciosas; 
4.    bloqueo territorial y cooperación de plataformas extranjeras; 
5.    preservación de pruebas y denuncia penal; 
6.    transparencia y contralor público; 
7.    derecho de réplica digital.

En este contexto, el amparo presentado no solo busca proteger la integridad del proceso electoral, sino también sentar un precedente sobre la responsabilidad de los actores digitales y la necesidad de contar con mecanismos jurídicos que regulen el uso de la inteligencia artificial en contextos democráticos.