El Congreso aprueba la Ley de Modernización Laboral

El 27 de febrero de 2026 el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Modernización Laboral. La norma consolida el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo el 11 de diciembre de 2025 y redefine aspectos estructurales del sistema laboral argentino, con el objetivo declarado de promover el empleo formal y fortalecer la seguridad jurídica.
 

La reciente Ley impacta sobre un número muy importante de leyes y artículos que regulan las relaciones individuales y colectivas del trabajo, tanto en temas de fondo como de procedimiento. Entre las modificaciones más relevantes se encuentran las siguientes:
 

1. Derecho individual del trabajo: modifica el alcance de la Ley de Contrato de Trabajo 20744, precisa reglas interpretativas y reconoce la posibilidad de acordar determinadas condiciones de trabajo en forma individual. Centraliza la registración laboral ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y habilita la digitalización de documentación laboral. Amplía los beneficios sociales no remunerativos, permite el pago del salario en moneda extranjera y autoriza recibos digitales. En materia de jornada, admite bancos de horas y francos compensatorios. Respecto del despido sin causa, incorpora precisiones sobre la base de cálculo indemnizatoria y crea el Fondo de Asistencia Laboral.
    
2. Procedimiento laboral: establece el impulso procesal a cargo de las partes, plazos de caducidad de instancia, un nuevo criterio de actualización de créditos laborales y un sistema de precedentes obligatorios.
    
3. Derecho colectivo y otras modificaciones: modifica la prelación entre convenios colectivos, limita la ultraactividad y redefine reglas sobre prácticas desleales y asambleas. Asimismo, deroga ciertos estatutos profesionales y el régimen de teletrabajo, regula el trabajo en plataformas e introduce incentivos al empleo registrado, junto con reducciones contributivas.
    
4. Reducción de cargas patronales y formalización del empleo: reduce las contribuciones patronales a la seguridad social en el porcentaje equivalente a la contribución que se destine al Fondo de Asistencia Laboral (hasta 3 %), una vez implementado. Asimismo, se crea un plan de promoción de empleo registrado −con importantes condonaciones de deuda previsional− y un Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, con sustancial reducción de contribuciones ante la contratación de nuevos empleados.

Se trata de una reforma estructural cuyo alcance efectivo dependerá de su reglamentación y de la interpretación judicial.