Reglamentación de la Ley de Contratos de Participación Público Privada

El 20 de febrero de 2017 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto N° 118/2017 (el “Decreto”) que aprueba la reglamentación de la Ley de Contratos de Participación Público Privada N° 27.328 (la “Reglamentación” y la “Ley de PPP”, respectivamente, y en su conjunto el “Régimen PPP”).

El Decreto, a su vez, declara de interés nacional todos los proyectos que se desarrollen en el marco de las disposiciones de la Ley de PPP, derogando el Decreto N° 967/2005 y sus normas reglamentarias y complementarias, que constituían el denominado Régimen Nacional de Asociación Público Privada

El Régimen PPP fue impulsado por el actual Gobierno con el objetivo de brindar la seguridad jurídica necesaria para atraer inversiones, principalmente en el sector de infraestructura.

La Reglamentación implementa y precisa los preceptos de la Ley de PPP. En esta línea, y en miras a complementar la creación de una herramienta que permita una cooperación equilibrada y previsible entre el sector privado y el público, la Reglamentación completa y detalla, entre otras, las siguientes disposiciones de la Ley PPP:

1. la constitución de fideicomisos;
2. el régimen de la ejecución del contrato;
3. la preservación de la ecuación económico-financiera del contrato;
4. los procedimientos de selección del contratista;
5. el financiamiento y cesión en garantía;
6. la contraprestación del contratista y sus mecanismos de revisión;
7. los mecanismos de solución de controversias (paneles técnicos y arbitraje); y
8. las normas anticorrupción.

La Reglamentación brinda detalle y especificación al contenido de la Ley de PPP, resultando esto central para la efectiva implementación de dicha norma. Para lograr su cometido, las disposiciones reglamentarias deberán ser complementadas por una real aplicación práctica. Será importante, entonces, seguir de cerca la evolución empírica del Régimen de PPP para constatar la concreción de sus objetivos.