Recall: Procedimiento de alerta y retiro de productos y servicios

ARTÍCULO
Recall: Procedimiento de alerta y retiro de productos y servicios

El 30 de octubre de 2017, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 808-E/2017 del Ministerio de Producción, que incorporó a nuestro ordenamiento jurídico la Resolución N° 4 del Comité Técnico N° 7 de Defensa del Consumidor del Mercosur. Esta establece el procedimiento sobre alerta y retiro de productos y servicios considerados potencialmente nocivos o peligrosos (recall).

30 de Noviembre de 2017
Recall: Procedimiento de alerta y retiro de productos y servicios

La Resolución 808-E/2017 (la “Resolución”), que entra en vigencia el 30 de noviembre de 2017, prevé para los proveedores que realicen recalls reglas específicas sobre (i) los requisitos de las notificaciones a las autoridades competentes y a los consumidores (incluyendo un plan de difusión y los requisitos de la constancia de atención); y (ii) la obligación de presentar a las mismas autoridades informes periódicos (con un intervalo no mayor de 60 días) y un informe final del alerta.

Por otro lado, la Resolución establece que las autoridades competentes podrán (i) prorrogar o ampliar la alerta y exigir requisitos o modalidades adicionales, entre otras cosas, en cuanto a las características o periodicidad de los avisos, y (ii) aplicar, incluso, las sanciones previstas en la Ley de Defensa del Consumidor (LDC) ante un incumplimiento.

Además, las autoridades de aplicación ante el Mercosur en materia de Defensa del Consumidor  —en la Argentina, la Dirección de Defensa del Consumidor y el Ministerio de Salud (en temas de productos y servicios de alimentos y medicamentos)— informarán estos procedimientos a la plataforma del Sistema Interamericano de Alerta Rápidas (SIAR), que opera en el marco de la Red de Consumo Seguro y Salud de la Organización de Estados Americanos (OEA). La plataforma del SIAR contiene información de los recalls efectuados a nivel mundial con el objeto de facilitar de forma eficiente y segura el intercambio de información sobre las alertas de productos y servicios potencialmente nocivos o peligrosos.