La contribución de Marval al acceso a la Justicia

La definición de pobreza como falta de recursos económicos es insuficiente, ya que también abarca otras carencias referidas a las herramientas necesarias para el desarrollo integral de los individuos. En este punto, la pobreza está ligada a la falta de información respecto a los derechos fundamentales del ser humano como primera barrera hacia el acceso a la Justicia; quien no conoce sus derechos jamás podrá reclamar su cumplimiento.

Como si esto fuera poco, los sectores carenciados se encuentran aislados de toda posibilidad de acceso a esta información, ya sea por su ubicación física, o por su falta de interés y la desazón que les provoca su entorno.

De esta manera, así como la legislación protege a la parte débil en un contrato de consumo, una relación laboral, etc., el Estado debe adoptar medidas tendientes a empoderar a los sectores vulnerables de la sociedad acercándoles información sobre sus derechos elementales como punto de partida para el acceso a la Justicia.

Así fue como se crearon unos setenta Centros de Acceso a la Justicia en todo el territorio argentino, ubicados principalmente dentro de los asentamientos precarios o villas. Allí, un equipo interdisciplinario de abogados, trabajadores sociales y psicólogos asiste y orienta a los vecinos en sus derechos.

En este contexto, nuestro Estudio –con una fuerte vocación hacia el trabajo pro bono― participa, junto con otros estudios que integran la Comisión de Trabajo Pro Bono de Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, del programa Justicia 2020 lanzado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en el patrocinio de casos de interés público, con el objetivo final de contribuir al tan anhelado acceso a la Justicia.